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| Manifestación en Madrid contra la impunidad franquista. Autor: Marcos del Mazo / DISO Press |
Han pasado cuarenta años desde la muerte de Francisco Franco y el sistema político que le sucedió, el de la Constitución del 78, está en plena crisis, cuestionado de cabo a rabo. El cénit de esta puesta en cuestión fue el 15M, ese movimiento amplio y que se extendió a lo largo de todo el Estado, que dio un puñetazo en la mesa del consenso y que de momento ha creado nuevos movimientos que han puesto en la picota verdades que se consideraban intocables.
Sin embargo, antes de que se cuestionara el actual sistema constitucional, comenzó un amplio movimiento que planteó una lectura distinta de la transición, a todas luces menos jactancioso de su ejemplaridad y modélico desarrollo. Al mismo tiempo, un movimiento por la memoria histórica, por dar luz a la crueldad del franquismo, por la reposición de la justicia y el nombre de los asesinados por la dictadura en cunetas y cárceles, en juicios sumarísimos sin garantía alguna, ha recorrido y recorre aún hoy el país, a pesar de las limitaciones que el propio sistema pretende imponer porque, recuérdese, la transición fue ante todo un pacto de silencio a propuesta del aparato franquista que asumió la necesidad de cambio para que nada cambiara y que fue asumido por parte de la oposición.
Se impone, por tanto, un análisis de lo que fue la dictadura y la transición, un análisis que se empieza a reformular, porque son muchas las hipotecas y peajes que se pagaron para recobrar las instituciones democráticas ahora cuestionadas, como cuestionado está la idílica transición. Se ha evitado –se evita- una mirada pormenorizada de lo que fue aquella dictadura que ahora nos parece tan lejana y que los jóvenes, según comentaba algún diario el pasado 20 de Noviembre, ignoran por completo.
Es cierto, la dictadura duró demasiado tiempo, nada menos que treinta y nueve años, incluyendo los tres de la guerra civil porque el alzamiento se instauró en parte del territorio español tras el 18 de julio del 36, por eso no es fácil catalogar de un modo homogéneo aquel régimen. ¿Fue una dictadura fascista?¿Lo fue en todo los años que duró?¿Hubo etapas diferenciadas?¿Tenía el dictador una ideología o se adaptó a cada momento? Es innegable que la cuestión merece un arduo estudio que va más allá de un breve artículo, sobre todo porque a raíz de las respuestas que demos podremos llegar a entender mejor la Transición e incluso el cómo hemos llegado hasta aquí. Sin embargo, merece la pena un primer acercamiento.
Tal vez la clave de la naturaleza de aquel régimen nos lo da un escritor que estuvo estrechamente vinculado a sus inicios: Dionisio Ridruejo. Fue uno de los pocos intelectuales que se organizó en la Falange y que participó en Burgos, como responsable de propaganda, de las primeras instituciones del Estado franquista. A partir de 1941 se distancia de Franco y se aleja también del falangismo. En 1976 publica Casi unas memorias, en la que repasa –e intenta justificarse a veces, de un modo exculpatorio- su vida. Al volver a los años de la guerra y del nacimiento del nuevo Estado afirma que se trata de un caso único en que un Ejército crea un Estado a imagen y semejanza de sus necesidades y no al revés, que suele ser lo normal, que el Estado construya instituciones, entre ellas el Ejército, en función de sus requisitos. Por tanto, la tesis de Ridruejo fue que el franquismo fue sobre todo una dictadura militar y si en sus inicios se acercó al falangismo –la expresión hispana del fascismo italiano-, al carlismo, a los monárquicos isabelinos –más entroncados éstos con la nobleza y la gran burguesía- y a la derecha republicana, incluida aquí la nacionalista catalana, temerosa de los posibles efectos de la revolución, fue principalmente porque necesitó legitimar su golpe de Estado en un momento, los años treinta, muy ideologizados. Pero la camarilla militar que se impuso durante la guerra y en los primeros años de dictadura no era muy afín a cuestiones ideológicas. Actuó en defensa de la clase dominante y para evitar reformas profundas del Estado, todo ello con un somero barniz ideológico. Unificó mano militar las distintas organizaciones que apoyaron el alzamiento en un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que no gustó a muchos de sus militantes más activos, y lo acabó diluyendo en un difuso Movimiento Nacional a medida que el régimen se fue despojando de sus elucubraciones para, a partir de los años cincuenta, comenzar un periodo de capitalismo paternalista que se aceleró a partir de la apertura del régimen al mundo, los acuerdos con los Estados Unidos en 1956 y el inicio del desarrollismo.
Durante los años sesenta el país pegó un acelerón enorme. La emigración española a América y a Europa permitió la entrada de divisas en el país y una acumulación de capital que permitió muchas inversiones y un desarrollo sin parangón. Era el tiempo de los tecnócratas, cuadros del régimen con formación intermedia, liberales en lo económico, paternalistas en lo social y conservadores en las costumbres y en lo político. Hubo sin embargo cierta apertura del régimen que pronto varió de nuevo hacia la represión: se extendía también la contestación social, se reforzaban los grupos de oposición del PCE, ETA y una naciente extrema izquierda, también de los movimientos sociales contestatarios –huelgas obreras, estudiantiles, sociales- que el régimen ni podía ni quería asimilar. Las movilizaciones comenzaron a ganar terreno y uno de los efectos de la clandestinidad fue que no se podía saber cuál era la fortaleza real de esos grupos que preconizaban abiertamente, muchos de ellos, la revolución social.
Al mismo tiempo, el acercamiento a la CEE y la perspectiva de ingreso en lo que fue la antesala de la Unión Europea, para lo cual, muchos eran conscientes, había que cambiar la estructura del Estado y adoptar mecanismos democráticos, provocó que dentro del aparato franquista surgiera la sensación de que algo se debía cambiar en el Estado para mantener lo básico y, sobre todo, los privilegios de las clases dominantes. El príncipe de Asturias, Juan Carlos, el pretendiente isabelino elegido por el dictador para sucederle, movía también sus fichas.
Surgieron de las filas franquistas dos grupos antagónicos: el que preconizaba una apertura del régimen que permitiera unas formas más democráticas, con partidos políticos legalizados (aquí se discrepaba hasta que punto había que abrir la mano, asumiendo en gran medida que no se incluirían grupos que cuestionaran el sistema) frente a quienes querían mantener el régimen tal cual estaba hasta ese momento, sin un ápice de democracia liberal, agrupados en torno a la asociación Fuerza Nueva. La crisis económica de los años setenta y una intensificación de las luchas sociales, políticas e incluso armadas de la oposición más izquierdista, al tiempo que el inicio de conversaciones entre parte del aparato franquista y la dirección carrillista del PCE pareció provocar una deriva del régimen al inmovilismo cuando Franco, incapaz ya por su enfermedad de concentrar el poder, nombró al Almirante Carrero Blanco presidente del Gobierno. El almirante se encuadraba en esa segunda corriente, no quería ni oír hablar de cambios. Pero en diciembre de 1973 ETA mata a Carrero Blanco en un atentado espectacular en pleno Madrid y de nuevo el sector aperturista toma la iniciativa y comienza a poner las bases con parte de la oposición de lo que se prevé va a ser una transición hacia la democracia.
En el sector aperturista –Suarez, Arias Navarro, Fraga, entre otros- surgen las primeras diferencias entre el alcance de los cambios que iban a producirse. Hay un sector que habla abiertamente de la legalización de todos los partidos. Estas diferencias se acentúan cuando muere el dictador y se entronca a Juan Carlos como jefe del Estado. Hay una fuerte movilización social y se vuelve imprescindible el acuerdo con la dirección del PCE para evitar una radicalización en la calle. Carrillo está por la labor de alcanzar esas reformas que garanticen la legalización de su partido a cambio de moderar, pese a la tensión habida, las luchas sociales y ante esta perspectiva el primer ministros, Arias Navarro, que no es partidario del alcance que toma la apertura, dimite y el Rey nombra a Adolfo Suárez, un miembro destacado del Movimiento Nacional y partidario de una democracia a la europea, presidente del Gobierno. Hubo movimientos en contra por parte del Ejército de lo que estaba sucediendo, sin embargo dominó, como no podía ser de otra manera, viniendo como se venía de una dictadura militar en la que el Ejército era la columna vertebral del Estado, la disciplina hacia el máximo mando, el Rey Juan Carlos I. Los sectores privilegiados, la gran burguesía y los altos funcionarios, menos ideologizados, estaban más prestos a asumir los cambios y a adaptarse por completo a ellos.
La consecuencia fue la Constitución del 78, piedra angular del nuevo régimen junto al pacto de silencio y de olvido, sin exigir responsabilidades a quienes habían ocupado puestos de responsabilidad en una dictadura cruenta –el tiempo se encargaría de un cambio generacional en el ejército y la administración-, dictadura que tuvo muchas víctimas cuya plena reparación, también, exigimos hoy.