En el mes de julio las esperanzas de números trabajadores en el Estado español de ver un gobierno de izquierda que trajera mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo fueron desbaratadas cuando fracasaron las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición e investir como presidente a Pedro Sánchez. Este gobierno además era una alternativa a un posible gobierno del “trifachito”, con Vox dentro o apoyando un gobierno liderado por PP y Cs que castigaría con sus políticas de extrema derecha a trabajadores, mujeres, inmigrantes y al colectivo LGTBI.
Aunque las perspectivas sobre cómo y cuándo se formará el próximo gobierno están muy abiertas, cada vez parece estar más cerca la posibilidad de unas nuevas elecciones generales que se celebrarían en el mes de noviembre. Esto es una muestra más de que el sistema capitalista no solamente es incapaz de recuperarse de sus propias crisis, como muestra el débil y desequilibrado crecimiento económico después de la profunda crisis económica que empezó en 2008. Además, ahora no puede hacer frente a la crisis de legitimidad institucional y política que creó la propia crisis económica, al no ser capaz de conseguir ninguna estabilidad política desde el año 2015.
Recordemos que desde entonces hemos tenido una rápida sucesión de elecciones generales, investiduras fallidas y varios gobiernos. Las elecciones de diciembre de 2015 vieron la irrupción en el parlamento de Podemos y Ciudadanos, y el fin del bipartidismo. Sin embargo, estas dieron lugar a una legislatura muy breve, después del rechazo de Rajoy de presentarse como candidato a la investidura como presidente y que fracasara Sánchez en su intento de investidura después de pactar con Ciudadanos. Esta fue la primera investidura fallida del régimen del 78 pero no la única. Después de las elecciones de junio de 2016 fracasó también en un intento de investidura Rajoy, que solamente consiguió la presidencia después del golpe dentro del PSOE que derrocó a Sánchez como Secretario General y forzó que gran parte del PSOE se abstuviera.
Esta presidencia, a su vez, se vio truncada por una moción de censura que ganó Pedro Sánchez en junio de 2018, según la prensa burguesa debido a la corrupción del PP, pero que sabemos que fue fruto de las grandes movilizaciones de la clase trabajadora que se habían dado antes, especialmente las manifestaciones de pensionistas, la Huelga Feminista y la lucha sostenida del pueblo catalán por su independencia. Y fruto también de estas movilizaciones fueron las reformas, por insuficientes que fueran, que se vieron obligados a introducir tanto el gobierno de Sánchez como anteriormente el de Rajoy, como mejoras en las pensiones y la subida del salario mínimo a 900 euros.
Como decíamos antes, parece que nos estamos encaminando a las cuartas elecciones generales en menos de cuatro años. Pero no debe extrañarnos que la gran crisis económica, aún no resuelta, de 2008, de lugar a esta inestabilidad en el panorama político. Esta crisis tuvo consecuencias dramáticas para las condiciones de vida y laborales de la clase trabajadora. Ya con anterioridad a la crisis en muchos lugares del Estado español el paro y la precariedad eran endémicos. Pero esto no hizo más que aumentar con la crisis, con el paro y la pobreza disparándose a cifras insoportables y multiplicando el número de personas que para comer tenían que acudir a comedores sociales o incluso rebuscar en la basura.
Más de una década después, siguen notándose las consecuencias de la crisis, a pesar del coro que insiste en que la economía española es la que está creciendo más rápidamente de los países importantes de la Unión Europea. Así, por ejemplo, si el paro estaba por debajo del 10% antes del estallido de la crisis, más de una década después el paro se sitúa aún en el 14% (datos de la EPA para el segundo trimestre de 2019). Además, a nadie se le escapa que los nuevos puestos de trabajo creados tienen mayores tasas de temporalidad, trabajo a tiempo parcial y peores salarios que antes de la crisis. Los datos, por ejemplo, muestran una bajada de los salarios para nuevos empleados durante todos los años de la crisis, y la previsión es que este año solamente llegarán al nivel de los del 2010 y serán más bajos que en el año 2016.
Al mismo tiempo que en el empleo se han desarrollado otras crisis como las de la vivienda y la del enorme número de desahucios en el Estado español. Estos siguen siendo altísimos. Si en el año 2013 hubo más de 67000 desahucios, en 2018 se dieron 59600, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Además, aunque está bajando el número de desahucios por impago de hipotecas está subiendo los que se dan por impago de alquiler, lo que refleja las subidas asfixiantes en las subidas de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades.
Ante esta situación y viendo las reformas, aunque limitadas, que había traído el gobierno del PSOE en el último año, los resultados de las pasadas elecciones de abril fueron bien recibidas por muchos trabajadores y jóvenes, que esperaban que un gobierno de izquierda entre PSOE y Unidas Podemos completara medidas como la derogación de las reformas laborales y la ley mordaza, una subida de las pensiones más bajas que las dignificara, alquileres asequibles, el fin de la precariedad, etc. Además, la victoria del PSOE se había vivido como una gran victoria de la izquierda contra la amenaza de un gobierno del “trifachito”. Este giro a la izquierda se manifestaba también en el “con Rivera no” que las bases del PSOE gritaron a Pedro Sánchez la noche de las elecciones.
En cuanto al papel del PSOE en Catalunya, ha sido también defensor del artículo 155 y quiere aparecer como garante de la “unidad de España”. Pero el carácter más conciliador del PSOE en contraste con el furibundo españolismo de PP, Ciudadanos y Vox hace que los resultados electorales fueran bien recibidos entre los líderes del catalanismo, especialmente de ERC. Estos se han mostrado dispuestos a abstenerse para hacer presidente a Pedro Sánchez, y más allá de esto, a negociar con el PSOE para intentar conseguir concesiones de este en los despachos, e intentar frenar la movilización en las calles por la independencia y por la liberación de los presos políticos.
¿Y ahora qué?
El fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos ha resucitado la demanda de la clase capitalista, por boca de la CEOE, de que se conforme en el Estado español un gobierno “estable”, con mayoría absoluta, entre PSOE y Ciudadanos. El PSOE además, antes y después de la investidura, ha insistido en una abstención de PP y Ciudadanos para facilitar la investidura, invocando la necesidad de estabilidad y “responsabilidad institucional”. Sin embargo, estas maniobras tienen pocas posibilidades de éxito, por el cordón sanitario que la derecha parece haber establecido contra Sánchez por haber recibido el voto o la abstención de fuerzas “separatistas” o “filoetarras” durante la moción de censura que ganó Sánchez en 2018 o en la investidura de gobiernos autonómicos como el navarro, y por la carrera entre las tres fuerzas de derecha de mostrarse como la más españolista por motivos electorales.
Unas nuevas elecciones en noviembre de este año, como bien entiende muchos trabajadores, nos pone en peligro de que esta vez el “trifachito” sí que pudiera conseguir una mayoría suficiente para gobernar, con todas las nefastas consecuencias de ataques a la clase trabajadora, a mujeres, al colectivo LGTBI, a inmigrantes, etc. Ya hemos visto como PP y Ciudadanos, con el apoyo de la ultraderecha de Vox, han llegado a gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid o el de Murcia, aceptando un documento de Vox en el que se cuestiona el papel de las ONG que trabajan con inmigrantes irregulares, pide que la policía recoja datos de administraciones como la sanitaria sobre estos inmigrantes para poder favorecer procesos de expulsión, criminaliza a los MENA, o que bajo el disfraz de “libertad educativa” deja sin efecto las medidas educativas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación del colectivo LGTBI.
Sin duda, la influencia de Vox a nivel estatal sería aún más nefastas y los ataques más brutales. Pero esto también tendría como consecuencia una mayor movilización contra un gobierno ultrarreaccionario como este y las medidas que tomaría, como ya hemos visto en las manifestaciones en Andalucía delante del Parlamento durante la investidura de Juanma Moreno.
Por su parte, muchos en la clase trabajadora siguen teniendo esperanzas en un gobierno “progresista”, con Unidas Podemos en coalición o apoyando desde fuera un gobierno del PSOE. De hecho, la segunda opción ha sido defendida dentro de Unidas Podemos, tanto por Izquierda Unida como por Anticapitalistas. De momento el núcleo de Podemos alrededor de Pablo Iglesias se sigue mostrando inflexible sobre un apoyo a la investidura de Pedro Sánchez sin una coalición de gobierno que otorgue varios ministerios a Podemos, pero podrían verse forzados por diferentes sectores (IU y Anticapitalistas, sus propias bases e incluso sectores más amplios de la clase trabajadora), a dar su brazo a torcer.
Efectivamente, muchos trabajadores y jóvenes verían con buenos ojos forzar un acuerdo programático con el PSOE que incluyera la derogación de las reformas laborales y la ley mordaza, una subida del salario mínimo, o un referéndum vinculante en Catalunya, entre algunas medidas que ha propuesto Anticapitalistas. Podemos argumenta que necesita entrar en el gobierno para asegurarse de que se cumplen los acuerdos programáticos, es decir, que no se abandonen a la primera dificultad o presión de la UE las medidas incluidas en el programa que necesita con más urgencia la clase trabajadora.
Pero lo que Podemos está olvidando es que no pueden solamente basarse en la política institucional para lograr cambios reales para la clase trabajadora, sino que como demuestran tanto la historia reciente como la más lejana es que solamente se pueden conseguir estos cambios a través de la movilización de la clase trabajadora. Como comentamos anteriormente, fue la movilización la que ha conseguido arrancar algunas reformas del gobierno de Pedro Sánchez, y sin duda la clase trabajadora saldrá a las calles a reclamar estas promesas electorales y programáticas sin el PSOE con cualquiera excusa quiere arrebatárselas, al igual que también podemos esperar que continúen y se extiendan las acciones y huelgas de sectores como el de las Kelly, pensionistas, las Huelgas Feministas o contra el cambio climático.
Ya estamos viendo estas movilizaciones aunque de forma aún sectorial, como en Euskal Herria donde se ha producido un aumento significativo de las huelgas en muchos sectores, incluidos los batallones pesados como el sector del metal de Bizkaia. En el año 2018, se registraron en Euskal Herria un total de 264 huelgas laborales, en las que participaron 48.696 personas y el número de jornadas no trabajadas se situó en 110.838. Respecto de 2017, estas cifras suponen un aumento del 23,4% en número de huelgas y del 14,9% en las jornadas no trabajadas. El proceso de participación de más trabajadores en huelgas cada vez más prolongadas ha continuado en 2019. Otro factor significativo es que las mujeres trabajadoras están encabezando muchas de las huelgas. Desde haces meses se están desarrollando en diferentes ciudades de Euskadi huelgas de sectores laborales altamente feminizados: 9 meses de huelga de las trabajadoras de la limpieza de comisarías y juzgados de Guipúzcoa, 60 días en las residencias para mayores, 26 días de huelga en centros educativos.
El hecho de que las mujeres trabajadoras, los jóvenes en empleos precarios y mal pagados y los batallones pesados como el metal estén entrando en acción y en conflictos laborales significa que un nivel de lucha más generalizado y más alto es una perspectiva posible en los próximos meses y años.
Por desgracia, hace mucho tiempo que Podemos ha abandonado esta perspectiva de la lucha en las calles, junto con las medidas más radicales de sus primeros programas, lo que explica que en poco más de 3 años haya pedido más de 1,5 millones de votos y casi la mitad de sus escaños. Esto se notó también en las elecciones autonómicas y locales, donde Podemos o las coaliciones en las que participan han perdido también muchos votos y concejales, lo que ha llevado, por ejemplo, a que Manuela Carmena perdiera la alcaldía de Madrid y llegara a la alcaldía de la capital el trifachito.
Los resultados de las elecciones generales en Catalunya, de las victorias de los Comunes en 2015 y 2016 con 12 escaños, a los 7 en las últimas elecciones de abril de 2019, son tanto reflejo de lo anterior como también del papel de Podemos con respecto a Catalunya. Su discurso estatal ha sido el de pedir una negociación con el mismo gobierno del PP que envió a la policía el día del referéndum para reprimirlo brutalmente. Y sigue pidiendo esta negociación, esta vez con el gobierno del PSOE que apoyó sin fisuras la aplicación del 155. También en este caso, Podemos ha abandonado el movimiento en las calles como base de su acción política, y no ha sabido vincular la lucha del pueblo de Catalunya por su independencia con la ruptura con el régimen del 78 (por supuesto, al haber abandonado también Podemos esta lucha).
Se prevé que la sentencia por el “Procés” se haga pública en la tercera semana de septiembre, lo que sin duda va a suponer un principio de otoño muy caliente en Catalunya, con la celebración de la Díada el 11 de septiembre, y el segundo aniversario de la celebración del referéndum el 1 de octubre. Sea cual sea, el resultado de esta sentencia para los 12 presos políticos, 9 de los cuales han cumplido ya más de 500 días en prisión y 4 de ellos más de 650 días, sin duda servirá para reactivar un movimiento que ha mostrado un enorme poder de movilización sostenido durante un larguísimo periodo de tiempo. Si la sentencia fuera absolutoria, lo que es muy poco probable, o con penas muy bajas, se cuestionarían las duras medidas, como el encarcelamiento, que se han tomado hasta ahora en su contra. Sentencias duras expondrían aún más el carácter reaccionario y antidemocrático de un sistema judicial que castiga tan duramente lo que fue la celebración de un referéndum, de una votación, para que el pueblo catalán pudiera decidir su futuro, y sin duda tendría enormes repercusiones tanto el Catalunya como también en el resto del Estado en cuanto a la lucha en las calles.
El movimiento de solidaridad con el pueblo de Catalunya y por la libertad con los presos políticos en el resto del Estado español, ha estado hasta ahora muy poco presente, pero de hecho debería ir más allá vincular la lucha del pueblo catalán por su independencia con la lucha de la clase trabajadora en todo el estado contra el régimen del 78, la monarquía y el sistema capitalista que explota a la clase trabajadora en todo el estado. Solamente así conseguiremos medidas que de verdad cambien nuestras vidas, como la nacionalización de la banca y de los sectores más importantes de la economía para garantizar el derecho a la vivienda, a un trabajo y un salario dignos para todos, con pensiones dignas después de una jubilación a los 60 y una transformación de todo el sistema productivo para proteger el medioambiente.